“La intervención es licencia para matar”, dice ex ministro de Justicia de Brasil

“La intervención es licencia para matar”, dice ex ministro de Justicia de Brasil

ENTREVISTA

Eugênio Aragão comenta la decisión del presidente Michel Temer de intervenir la seguridad del estado de Rio de Janeiro

Redacción |
Eugênio Aragão fue ministro de Justicia en el gobierno de Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT)
Gil Ferreira/Agencia CNJ

El ex ministro de Justicia en el gobierno de Dilma Rousseff compartió su opinión sobre el decreto de intervención federal en la seguridad del estado de Rio de Janeiro firmado por el presidente golpista Michel Temer el pasado viernes (16).

En entrevista con la Radio Democracia, Aragão dijo que la medida, votada ayer (19) en la Cámara de Diputados, representa una jugada política del gobierno para aumentar su popularidad. “Lo que vemos hoy es un gobierno de pésima reputación, con una imagen pública deteriorada. El carnaval lo demostró claramente. Entonces están buscando una agenda en año electoral”, afirmó.

El ex ministro también habló sobre el documento del Comando Militar del Este [interventor designado para la acción] que circula en internet generando indignación popular por destacar que, tras la intervención, cualquier comunidad donde haya narcotraficantes será considerada como “territorio hostil”.  Aragão destaca que considera la acción extremadamente peligrosa para los civiles.

Lea la entrevista completa:

¿Cómo ve usted la intervención militar en Rio de Janeiro?

Pienso que se trata de un gobierno que está vaciado de temas y se puso a jugar con fuego. Es decir, es un chiste de mal gusto, porque no hay ningún ejemplo en el pasado del país en el cual es uso de las Fuerzas Armadas (FA) en la seguridad haya sido positivo. Incluso por ese motivo se creó la Fuerza Nacional, para que se evitara el uso de las Fuerzas Armadas en ese sector. Siempre hubo una resistencia muy fuerte por parte de los sectores de las Fuerzas Armadas en desempeñar este tipo de papel. Entonces me preocupa mucho.

En principio el decreto de Temer adopta un modelo de intervención que no es “robusto”, es una intervención agradable porque se remite al título de la Constitución que habla sobre intervención federal y se limita la intervención federal respecto a seguridad con el artículo 145 de la Constitución. Se nombra un interventor que es general de las Fuerzas Armadas y se somete el mando de la seguridad pública a ese general. No hay ningún tipo de esfuerzo para intervenir con la tropa militar propiamente.

El propio gobierno de Temer anunció que en caso de que se mantenga la agenda del Congreso Nacional, interrumpiría la intervención para votar la reforma de las Pensiones y después retomaría el decreto. Nos parece una intervención más política que técnica.

También pienso así por lo que vemos. Lo que vemos hoy es un gobierno de pésima reputación, con una imagen pública deteriorada. El carnaval demostró eso claramente. Los índices de rechazo de Temer son cada vez mayores, lo que hace que él realmente busque un tema en año electoral. La decisión de la intervención vino por un pedido de socorro del gobernador de Rio de Janeiro [Luiz Fernando Pezão, también del MDB, partido de Temer], un estado donde el partido del Presidente de la República está destrozado, sus líderes en la cárcel o investigados. Un estado quebrado que no puede siquiera pagar el sueldo de sus funcionarios [los funcionarios de Rio de Janeiro no reciben sus salarios completos desde 2016] y que tiene uno de los peores poderes judiciales del país. Este escenario hace que una aventura como la intervención parezca muy atractiva como una táctica diversionista.

Parece que hubo momentos más delicados de la violencia de Rio de Janeiro y no hubo ninguna intervención. Me parece más una decisión mediática, un llamamiento de la Globo, ¿realmente hay un problema de seguridad en Rio de Janeiro al punto de ser necesaria una intervención?

El problema de la seguridad en Rio de Janeiro es un problema crónico. Lo que pasa es que el ex secretario de Seguridad, José Beltrame, en la gestión del ex gobernador Sergio Cabral (2007-2014), pensó en ocupar las favelas con Unidades de Policía Pacificadora (UPP). Pero las UPPs no desmantelaron la estructura del crimen organizado en las favelas. Los traficantes simplemente se recogieron, se mantuvieron sin salir y cuando el gobierno se mostró frágil, regresaron.

Fue un señuelo porque en realidad no hubo políticas directas de inversión en capital social en las comunidades junto con el modelo de las UPP, fue mucho más una iniciativa que no enfrentó el problema. Ahora, ya hubo intentos de enfrentar el problema a través de la fuerza en el pasado. Por ejemplo, la operación Rio en la época en que gobernaba el estado Itamar Franco (1992-1995). Todos los intentos fracasaron, no solucionaron el problema. Fueron solamente impulsos violentos por parte de las Fuerzas Armadas del estado y de las fuerzas policiales, que resultaron en más violencia, pero que no desmantelaron todo el sistema de violencia en esas comunidades, que victimiza a los propios habitantes en primer lugar.

¿La intervención en Rio es constitucional? ¿Suspender la intervención para votar la reforma de las Pensiones es moral? ¿No vuelve a la intervención algo político e inmoral?

El gobierno quiere ganar todas las partidas. No quiere hacer opciones de riesgo. Si decretan intervención en el estado, la Constitución es clara: no se puede votar ninguna enmienda constitucional. Pero el gobierno no quiere renunciar a la votación, entonces piensa que puede hacer una intervención “luciérnaga”, que se enciende, se apaga, se enciende y apaga nuevamente. Y que puede apagarla para votar la reforma de las Pensiones. Es algo deshonesto con relación al régimen constitucional, algo desleal. Se trata de un gobierno incapaz de elegir, de pensar y analizar lo que es más importante ahora. No se puede tener todo al mismo tiempo.

El hecho de que el gobierno no tiene ninguna prioridad demuestra que la intervención en Rio es una agenda política para ver si consigue un poco más de respaldo en un año electoral. Ahora, apostar en una agenda de seguridad como un activo electoral es algo muy arriesgado, que demuestra que el gobierno no va bien. Un gobierno con alta legitimidad podría atreverse un poco más, pero para un gobierno sin legitimidad, con sus índices de popularidad por los suelos, jugar con fuego es suicida.

Estamos acompañando el recrudecimiento de los sectores más reaccionarios de la sociedad, que cuentan incluso con ex miembros o miembros actuales de las Fuerzas Armadas. ¿Usted cree que entregar el comando de todo el aparato de seguridad a un segmento como ese es arriesgado para el país?

Sí, es peligroso. Hace poco salió un documento del Comando Militar del Este sobre la intervención, que ahora está empezando a circular en internet y que tiene un párrafo extremadamente preocupante. Nombran a las Fuerzas Militares como “fuerza auxiliar”: Los demás cuarteles de Fuerza Auxiliar que sean nombrados y que realizarán patrullajes en áreas de riesgo o rojas serán comandados con bases fijas dentro de la propia unidad por tenientes-coroneles del Ejército, de fuerzas especiales, de guerrillas urbanas y acciones en Haití, para que desarrollen acciones contundentes y eficaces en áreas con alto riesgo debido a la actuación de grupos y milicias armadas y narcotráfico.

Todas las comunidades donde existan milicias de narcotraficantes serán consideradas como “territorios hostiles” y autorizan a las fuerzas especiales, paracaidistas y fusileros navales junto a las Fuerzas Auxiliares a actuar de modo contundente, áspero e incluso hacer uso de la fuerza letal en caso de ser necesario, en caso de ataques o amenazas físicas contra la vida de cualquier integrante de las fuerzas conjuntas amigas”. O sea, el documento presenta un discurso de guerra. Todas las operaciones en comunidades a partir de hoy serán consideradas territorio hostil, con respaldo del Ministerio de Defensa. Es decir, es una licencia para matar.

¿La intervención podrá afectar a los movimientos sociales, afectar alguna ocupación de los sin tierra o de los sin techo?

Claro, porque son los coroneles y los generales quienes decidirán si alguien pertenece o no a la “fuerza hostil”. Actuarán como jueces y decidirán quienes son los narcotraficantes y tendrán licencia para matar. El tono de la intervención es extremadamente grave, más grave aún porque la política de derechos humanos del Estado brasileño está desestructurada, en manos de una jurista jubilada que no sabe nada del tema, que solo piensa en dinero [se refiere a Luislinda Valois, ex ministra de Derechos Humanos, que presentó su renuncia ayer (19) sin dar explicaciones y que a finales del año pasado solicitó el aumento de su salario a cerca de 17 mil dólares, comparando su situación con trabajo esclavo].

El Consejo Nacional de Derechos Humanos está en manos de esa gente, el Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria también, el Ministerio de Justicia apoya este tipo de actuación. A mí me preocupa mucho porque el país no está en un momento de distensión. Estamos en un momento muy tenso, con los ánimos exaltados, el carnaval demostró la posición de la población brasileña en relación al actual momento político. Estamos ante un gobierno sin ninguna legitimidad.

Si esas fuerzas aparentemente comandadas por un general con la cabeza caliente agreden la población civil, puede haber una chispa que puede llevar a un proceso de descontrol. Eso sí va a ser muy preocupante porque la población solo monta barricadas cuando se le acaba el miedo a la muerte. ¿Cuándo se acaba? Cuando toma conciencia de que de un modo o de otro, está en riesgo de morir. Entonces la gente monta barricadas, lanza adoquines a los policías, rompe escaparates y se vuelve un tumulto. Eso es un escenario muy peligroso y podemos verlo a lo largo de la Historia. Pienso que aquellos que conocen la historia no tienden a repetir los errores. En la Revolución Rusa, en la Revolución Iraní, en la Revolución de los Claveles en Portugal, en Afganistán, Irak, Libia, se puede ver que en el momento en que desaparece la contención de ánimo natural, que es el miedo a la muerte, hay transformaciones. Entonces el gobierno brasileño está jugando el fuego, como dije.

Es decir, ¿en vez de distender, el gobierno está tensionando la situación?

Está tensionando. El documento del Comando Militar del Este es una aberración en un Estado de derecho. No se trata de la convocatoria a un estado de sitio, pero los militares se están arrogando el derecho de matar.

Lea la noticia en portugués.

20 de Fevereiro de 201819:09

Via Brasil de Fato

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